El reciente acuerdo petrolero sellado entre la administración de Estados Unidos y la élite gobernante en Venezuela no representa, bajo ningún concepto, un camino hacia el desarrollo o la estabilidad nacional.
Desde la perspectiva de la clase trabajadora, estamos presenciando un acto abierto de entrega colonial del subsuelo por parte de una burocracia estatal subyugada como nunca antes.
Este acuerdo no constituye una simple negociación pragmática ni una “normalización” de las relaciones internacionales: es la formalización bajo contrato de la pérdida de la soberanía nacional.
Tras la intervención militar estadounidense del 3 de enero y la captura de Nicolás Maduro, la casta gobernante encabezada por Delcy Rodríguez ha firmado la capitulación económica del país, entregando el control de la principal fuente de riqueza a cambio de garantizar la preservación de su propia cuota de poder.
Aunque la burocracia intenta mantener bajo opacidad los detalles de estas negociaciones, los pilares centrales han tenido que ser revelados por la presidenta confirmando el sometimiento fiscal del país.
Aunque NO es explicado el mecanismo administrativo de los recursos obtenidos, seguiremos manteniendo la estructura conocida que es la Orden Ejecutiva 14.373 emitida por Washington, la cual crea el Fondo de Depósito del Gobierno Extranjero (FGDF). Mediante este mecanismo, la potencia imperialista asume de manera directa la administración, custodia y gestión de la totalidad de los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, gas y minerales pertenecientes al Estado venezolano.
El FGDF representa la imposición de una verdadera junta de control fiscal sobre Venezuela. Según la sección 3, literal (b) de dicha orden ejecutiva, el gobierno venezolano tiene expresamente prohibido disponer libremente de estos recursos o realizar transferencias sin la previa autorización de las regulaciones y licencias emitidas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
La estructura del despojo
Desde el punto de vista económico, las condiciones del acuerdo aseguran que la mayor parte de la plusvalía generada por la mano de obra obrera venezolana sea capturada directamente por el capital financiero e industrial transnacional. Venezuela queda atada a esquemas de regalías e impuestos integrados fijos y drásticamente recortados, los cuales impiden cualquier acumulación interna de capital o ejercicio de soberanía monetaria.
Este acuerdo extractivista está diseñado para favorecer al capital monopolista y resaltamos y explicamos algunos aspectos fundamentales extraído del discurso de la presidenta Delcy Rodríguez.
• Control territorial estratégico: La entrega del control mayoritario de 17 yacimientos que representan unos 65.000 millones de barriles de petróleo equivalente (aproximadamente el 21,5% de las reservas probadas del país). El imperialismo yanqui no busca únicamente la rentabilidad inmediata de sus corporaciones, sino asegurar el control geográfico directo de una reserva estratégica de crudo accesible, negándosela a sus rivales comerciales mundiales. Con este volumen de entrega, Venezuela reduce su capacidad exportadora soberana, quedando encadenada al papel de mero enclave proveedor de materia prima barata.
• Saqueo del valor en boca de pozo: Según las propias declaraciones oficiales, el Estado apenas obtendría $19 por barril sobre un precio de referencia de $65. Esto representa tan solo el 29,2% del valor de venta en boca de pozo, mientras las empresas extranjeras se embolsan el 70,8% restante.
• Remate de regalías e Impuesto sobre la Renta: El acuerdo contempla el desarrollo de ocho “bloques verdes” —campos donde el Estado venezolano ya había invertido recursos públicos para certificar la existencia de crudo— con el cobro de una regalía reducida a un mínimo del 16% y una tasa de Impuesto sobre la Renta (ISLR) del 34%. Esto contrasta con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fijaba la regalía en un 30% (e incluso hasta el 33,33% en la Faja del Orinoco) y un ISLR petrolero del 50%. Reducir la regalía a la mitad y equiparar el impuesto petrolero al de una corporación comercial ordinaria significa regalar la renta del suelo y ceder los yacimientos de mayor rentabilidad futura al capital privado.
El desplazamiento de PDVSA
Uno de los aspectos más reveladores de esta capitulación es el vaciamiento operativo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Bajo las recientes reformas a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el afianzamiento de los Contratos de Participación y Producción (CPP), PDVSA deja de ser el operador energético soberano para quedar degradada a un mero intermediario administrativo encargado de firmar las cesiones de derechos.
El acuerdo revela que a la firma North American Blue Energy Partners (NABEP), es a quien se le han otorgado derechos de explotación exclusiva a largo plazo sobre los 17 yacimientos petrolíferos estratégicos en el territorio nacional y sus costas. Resulta decisivo señalar que el propio Gobierno de EE. UU. ha adquirido una participación del 35% en NABEP, operando bajo el impulso directo del Pentágono y el Departamento de Estado. Esto constituye una fusión explícita entre el aparato de dominación militar del imperialismo y el capital monopolista privado para la ocupación económica directa de nuestras fuentes de riqueza.
Este acuerdo confirma de manera categórica la validez de la Teoría de la Revolución Permanente formulada por León Trotsky. En la época de decadencia imperialista, las burguesías de los países dominados y las burocracias estatales que administran sus instituciones son estructuralmente incapaces de llevar a cabo hasta el final las tareas democrático-nacionales más elementales, como la preservación de la independencia nacional y la soberanía energética.
El chavismo, que durante dos décadas vistió su discurso con la retórica de la “soberanía” y el “antiimperialismo”, ha demostrado su verdadera naturaleza de clase. Habiendo destruido el tejido productivo, ahogado la autonomía del movimiento obrero y sumergido a la industria en la opacidad y el saqueo, la burguesía estatal no dudó en arrodillarse ante las exigencias de Washington cuando su propia supervivencia política se vio amenazada. Para sostener su posición de privilegio, firmó concesiones centenarias y sometió la caja fiscal del país al arbitrio de la Casa Blanca.
El nuevo pacto petrolero no representa una vía de recuperación ni un retorno a la prosperidad; es la consolidación de una estructura de enclave colonial para el siglo XXI. La “burguesía roja” ha demostrado que prefiere subordinar la nación al capital transnacional antes que permitir que la clase obrera organice y controle los medios de producción.
Desde la Corriente Socialista Revolucionaria (CSR) – El Topo Obrero:
• Rechazamos categóricamente los acuerdos de entrega de nuestros recursos petroleros al imperialismo firmados por el gobierno tutelado.
• Denunciamos que este pacto de “estabilidad” es una trampa de la burguesía para formalizar el pillaje nacional a costa de salarios de hambre.
• Hacemos un llamado a los trabajadores petroleros y a la clase obrera en general a organizar la resistencia contra el desmantelamiento de PDVSA y exigir la nulidad de las concesiones a NABEP y demás transnacionales.
• Afirmamos que la salida a la crisis no está en ninguno de los bloques patronales: tanto el gobierno como la oposición tradicional defienden las ganancias del capital y el tutelaje de Washington.
La recuperación real de nuestra soberanía y el destino de nuestras riquezas no vendrán de los despachos burocráticos ni de los acuerdos firmados con el imperialismo.
¡La única solución favorable a las mayorías explotadas es un Gobierno de los Trabajadores!
17/9/26