De dominio público es que el gobierno de Chávez buscó un acercamiento al gobierno de Guyana, cuando le urgía el apoyo político internacional, y dejó de lado el tema del Esequibo, estableciendo que Venezuela no se interpondría ante cualquier proyecto guyanés de explotación del territorio.
Mejorar estas relaciones y engavetar la discusión sobre el Esequibo fué política necesaria de Chávez para el impulso de petrocaribe, acuerdo donde a cambio de venta de petróleo precio preferencial, el gobierno chavista contó con apoyo político de parte de las naciones caribeñas en escenarios como la OEA, naciones que siempre han prestado un apoyo a Guyana en la disputa con Venezuela.
Recientemente el tema de la disputa del Esequibo se ha agudizado entre los dos países, desde que Guyana abrió licitaciones para explotación de petróleo y gas en las zonas marítimas en disputa además de introducir una demanda ante la Corte de La Haya para que sea la CPI la que se pronuncie en base al desacuerdo. Maduro ha asumido de forma más enfática una defensa del Esequibo, rechazando la participación de la CPI, y denunciando todas las actividades económicas que autoriza Guyana en la zona.
¿Por qué ahora?
De la relativa calma en el tema del Esequibo durante el gobierno de Chávez se ha pasado a la controversia durante el gobierno de Maduro, el giro lo podemos entender en base a los acontecimientos del año 2015 cuando Exxon Mobil, que venía explorando la zona marítima Guyanesa desde 1999, anuncia que ha descubierto un yacimiento en su pozo Liza-1, ubicado en el bloque de Stabroek, en un área costera cerca de la frontera entre Guyana y Venezuela. Esto dio inicio a una nueva etapa en la economía de Guayana que la ha llevado, para el año 2023, a presentar una producción petrolera de 360.000 barriles diarios. Las proyecciones realizadas por Exxon Mobil, que es la principal empresa en Guyana, ubican su producción en 4 millones de barriles durante la próxima década, lo que la llevaría a convertirse en el país con la mayor producción de petróleo per cápita del mundo, este escenario ha convertido a Guyana en un actor importante en el mercado petrolero mundial así como un objeto de disputa entre las transnacionales petroleras.
El interés del gobierno venezolano, es poder participar de la explotación que harán las grandes petroleras del bloque Stabroek y que hasta ahora solo está favoreciendo a la burguesía guyanesa, el chavismo mira con preocupación el potencial de ocupación del mercado de los yacimientos guyaneses, los dividendos que esto van a generar a corto y largo plazo y la oportunidad que pueden perder cuando se les presenta el levantamiento de algunas sanciones que involucran directamente a la comercialización de petróleo y gas; pero la petrolera estatal PDVSA no tiene la capacidad por si sola de asumir tamaño proyecto de explotación en la zona marítima y acá debe recurrir a un acuerdo con una empresa que si tenga la capacidad y es cuando entra la trasnacional norteamericana Chevron en la historia.
Chevron ha sido la empresa, que durante el periodo de sanciones de parte de EEUU al gobierno venezolano, siempre permaneció en el país, era la única empresa que obtenía licencia de parte del tesoro norteamericano para continuar operando en el país y ante el reciente alivio de las sanciones es la mejor posicionada para garantizar la producción y comercialización del petróleo venezolano. De hecho es prácticamente la única responsable del aumento de la producción en los últimos meses. Chevron busca participar también del festín Guyanés, donde llega tarde y el principal actor es Exxon Mobile, Chevron ya en septiembre mostró su interés en participar en las licitaciones de Stabroek pero dio un avance importante en los últimos meses al comprar a la petrolera Hess Corp la cual si está participando en la explotación del bloque Stabroek. Por esta razón en el discurso “antitrasnacionales” de Maduro nombra a Exxon Mobil como el responsable del conflicto entre los dos países, pero jamás a Chevron, que participa tanto aquí como allá.
Si el gobierno de Maduro tiene ahora un interés sobre el territorio del Esequibo es bajo el interés de la burguesía Roja que ha dejado de percibir los grandes ingresos que ostentaban vía captura de la renta petrolera y que se han reducido enormemente ante la caída del precio mundial del crudo, las sanciones, la crisis económica nacional que ellos han ayudado a profundizar y por el interés de las trasnacionales petroleras que presionan para un mejor posicionamiento en el reñido mercado petrolero. Los trabajadores no tenemos que albergar esperanzas en que con este gobierno una situación de mayor ingreso vía explotación petrolera en el Esequibo, se traduzca en mayor beneficio para la población como lo hemos podido constatar en el manejo de los recursos que han administrado en los últimos años en el caso de Tareck El Aissami, caso Rafael Ramírez, caso del Pino-Martínez, caso de los 6 de citgo y un largo etc. En 500.000 millones de $ se calcula el monto robado por corrupción en PDVSA durante el chavismo (INRAV).
El tema de soberanía y demás discursos queda desenmascarado también a medida que se descubre la entrega de activos petroleros a empresas iraníes, rusas y recientemente la entrega de concesiones y beneficios a Chevron para la extracción y comercialización de nuestro petróleo y de esta forma alimente la economía norteamericana echando también por tierra el discurso antimperialista, la pelea entre Maduro y Mohamed Irfaan Ali (presidente de Guayana) es para decidir quién se beneficiara de la entrega de la concesión petrolera a Chevron y otras trasnacionales que quieren participar del festín como REPSOL
El Referéndum
La consulta del 3/12 tiene un objetivo muy diferente al que el gobierno pretende presentarnos con su discurso: una pelea por la soberanía, por la integridad territorial, por la población venezolana en el Esequibo, por la protección de una reserva natural y muchas más consignas que forma parte de un espectro de manipulación alrededor del referéndum.
El chavismo no consulta sus negocios, han tomado cantidad de decisiones trascendentales que vulneran la soberanía y los intereses del país sin siquiera escuchar a la población, la entrega del arco minero del Orinoco[H1] es un ejemplo de la importancia que le da el gobierno a la defensa de los recursos naturales, donde reservó un área equivalente al 12% del territorio nacional para la explotación minera, zona que es considerada de protección para la humanidad y donde habitan etnias indígenas y una gran diversidad ecológica.
La creación de las zonas económicas, tampoco fue consultada y que son espacios entregados a la voracidad de las transnacionales, donde el estado venezolana entrega su derecho de control y administración económica y territorial a las políticas de las trasnacionales y donde los derechos de los trabajadores son violentados dejando prácticamente sin efecto las leyes laborales venezolanas vigentes.
El interés de la consulta del 3/12, obedece a un interés político electoral, el gobierno necesita contraponer un evento electoral a las elecciones internas de la oposición, las llamadas “primarias” y que legitimaron a María Corina Machado como su principal líder. EL PSUV pretende convertir el referéndum en un evento electoral de ratificación del apoyo popular hacia Maduro e ir preparando su estructura para unas eventuales elecciones presidenciales en el 2024.
El referéndum también es una estrategia para buscar aumentar las fricciones y diferencias entre la oposición, bajo la consigna de “defensa de la patria” la oposición se divide a la hora de tomar postura y se exponen a ser señalados como traidores a aquellos que hagan un llamado contra la participación en el referéndum.
El referéndum busca sumar alrededor de la consigna patriótica a todos los venezolanos, mover la fibra nacionalista y promover la figura de Maduro como el defensor de la nación, obligar a los chavistas críticos a tomar posición tras el PSUV y motivar a los más alejados.
El referéndum no es más que un vil engaño a la clase obrera venezolana, el referéndum tiene como objetivo intentar reconstruir la erosionada base electoral del chavismo así como profundizar las contradicciones dentro de la oposición, el alcance del mismo deja una puerta abierta a un eventual conflicto militar con Guyana que si bien hoy no es un escenario factible, es una carta a futuro que se pudiera jugar de forma desesperada el gobierno ante una posible pérdida de la presidencia, hoy las condiciones no están dadas, la crisis interna venezolana, electricidad, gasolina, gas y demás servicios hace insostenible para el país el mantenimiento de un conflicto militar, el costo en dinero y vidas sería una carga muy pesada para la estabilidad del gobierno además que de ninguno de los bandos se está realizando ningún movimiento o aprovisionamiento militar importante para ir a un conflicto.
La disputa territorial entre Venezuela y Guayana es la disputa entre sus burguesías para beneficiarse de la renta que produce la explotación del petróleo por las trasnacionales. El ganador de la controversia será quien se convierta en servil de Exxon y Chevron entre otras. Mientras la clase obrera esté despojada del poder de decidir sobre los recursos del estado, en nada beneficiará estos acuerdos a la mayoría de la población. Solo bajo un gobierno de los trabajadores, solo bajo un gobierno obrero, se podrán disponer de los recursos existentes en la zona del Esequibo para el beneficio de todos.
CSR-El Topo Obrero, 19/11/23