El 7 de diciembre volvió a estallar la crisis política en el Perú, que desde hace años se ha transformado en un telón de fondo permanente, y que no solo no disminuyó con la asunción de Pedro Castillo como presidente, sino que, al contrario, se fue agravando, hasta llegar a su destitución.
Esta crisis política es provocada por la feroz lucha de camarillas políticas que pugnan por todos los medios para hacerse del poder estatal, para desde esa ubicación favorecer al sector burgués que representan, y para hacer sus propios negocios corruptos. Recordemos que desde 2016 a la fecha 5 presidentes han visto interrumpidos sus mandatos “por razones constitucionales”. A pesar de esta profunda inestabilidad política, la gran burguesía encuentra garantizadas sus ganancias gobierno tras gobierno.
Pedro Castillo, de origen campesino y maestro, aunque fue dirigente sindical, tampoco es un representante de fuertes organizaciones de masas. Ganó las elecciones en la primera vuelta con apenas el 19% de los votos ante una dispersión electoral en la que participaron 18 candidatos a presidente. Segunda resultó Keiko Fujimori con poco más del 13%. En la segunda vuelta Castillo ganó por escaso margen con 50,12% contra 49,87% de Keiko Fujimori.
La escasa diferencia entre ambos candidatos agravó la situación. Durante varias semanas estuvieron maniobrando con acusaciones de fraude electoral para no entregarle el poder a Castillo.
Ya reconocido como ganador, pero aun antes de asumir, Castillo había hecho un llamado a la “unidad nacional”, e inclusive llamó a Keiko Fujimori a “trabajar juntos por el país”. En concordancia con esta orientación, una de sus primeras designaciones ministeriales fue la del liberal Pedro Frenke en el ministerio de economía, evidentemente tendiendo un puente hacia la gran burguesía peruana y el imperialismo.
Una vez asumido como presidente empezó a sufrir toda clase de presiones y acusaciones (con dos pedidos de vacancia en el Congreso que no obtuvieron los votos suficientes) tendientes a expulsarlo del gobierno. Ante estas presiones en lugar de apoyarse en la movilización popular, fue cediendo y yendo cada vez más a la derecha, a adoptar el programa que le imponía la gran burguesía y el imperialismo.
Mientras que Castillo en su discurso ante la OEA, hizo un llamado público a los grandes capitales imperialistas (principalmente mineros) para que inviertan en el Perú, dándoles garantías de estabilidad jurídica, descartando cualquier tipo de intervencionismo y expropiación, las comunidades campesinas de Aquia realizaban un paro indefinido y un bloqueo de la carretera de acceso al centro de operaciones de la Minera Antamina, de Glencore y BHP Billiton, uno de los mayores yacimientos mundiales de cobre.
Hace poco más de un año Castillo autorizó el despliegue de las fuerzas armadas “en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objeto de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales a las Regiones de Lima y Callao”, supuestamente para combatir el “incremento del delito común y el crimen organizado relacionado con el narcotráfico”, cuando en realidad se trató de una “advertencia” ante la creciente cantidad de luchas en el interior del país sobre todo en las comunidades campesinas.
En esa misma línea de girar cada vez más y más a la derecha Castillo, en abril decretó el estado de emergencia por 60 días en la región de Moquegua, para derrotar la lucha de los campesinos contra la empresa minera Southern. Unos días después utilizó el mismo mecanismo represivo en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac para liquidar la lucha de los comuneros contra la minera Las Bambas.
A pesar de las demostraciones de “buena voluntad” para con la burguesía y el imperialismo, Castillo no deja de ser un “outsider”, no solo de la política tradicional, sino de sociedad burguesa gobernante. Castillo quiso afirmar su presidencia con un llamado a elecciones a Asamblea Constituyente, en la cual proponía una seria de reformas políticas y sociales. Entre las políticas figuraba la derogación de la ley que obliga al gobierno a contar con el aval del Parlamento para convocar cualquier tipo de consulta popular (plebiscito o Referéndum).
De inmediato el Parlamento preparó una nueva causa con acusaciones para definir la “vacancia” de Castillo, es decir su destitución. La votación para decidir la destitución del presidente se iba a realizar el 7 de diciembre.
En ese marco Castillo ese mismo 7 de diciembre anticipándose a la votación del Congreso, disolvió el Congreso y la convocatoria a un nuevo Congreso con facultades constituyentes, pero garantizando “el modelo económico y la propiedad privada”. Anunció además que reorganizaría el aparato judicial y ordenó el estado de excepción y toque de queda, anunciando que gobernaría por decreto. Pretendió utilizar otro mecanismo de resolución bonapartista de la crisis contemplado en la Constitución, por el cual el presidente puede en ciertas condiciones (por ejemplo, después de tres gabinetes rechazados por el Parlamento) disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Pero esa situación no se cumplía cuando Castillo ordenó la disolución del Parlamento. Las ordenes de Castillo no fueron acatadas ni por el Parlamento ni por las FFAA, con lo cual Castillo quedó pedaleando en el aire sin ningún sector de la institucionalidad burguesa en que apoyarse. La acción golpista y aventurera, desesperada de Castillo, pretendiendo imponerse a los otros poderes del estado, sin basarse en la movilización de masas, seguramente creyendo contar con apoyo de las FFAA, revela plenamente la inconsistencia de su proyecto político desde el inicio.
Inmediatamente el Parlamento contratacó, acusó a Castillo de golpista y ordenó su detención, antes de que pudiera asilarse en la embajada mexicana. A las pocas horas su vicepresidente Dina Boluarte estaba asumiendo en su reemplazo, jurando gobernar hasta 2026, es decir, hasta el final del mandato para el cual fue elegido Castillo.
Sin embargo, poco a poco empezaron las manifestaciones. Los estudiantes tomaron la Universidad de Cajamarca, y otros manifestantes el aeropuerto Arequipa, Andahuaylas, Cusco, Ayacucho, los que tuvo que ser cerrados por las autoridades ante la imposibilidad de operar normalmente. Los medios de prensa hasta el momento se reportaron 96 puntos de bloqueos, 59 marchas y piquetes, así como 13 paralizaciones parciales y totales en provincias ubicadas en los departamentos de Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y San Martín.
Las manifestaciones día a día fueron creciendo, pero así también la represión. Según fuentes de la Defensoría del Pueblo, los asesinados por la policía y las FFAA hasta hoy llegan a 28 y hay más de 200 heridos.
Cuando las manifestaciones fueron tomando mayores dimensiones el gobierno de Dina Boluartedispuso el Estado de Emergenciapor 30 días a nivel nacional y toque de queda en 15 provincias. Junto con esas medidas de represión Boluarte, tratando de descomprimir, anunció que adelantaba las elecciones para abril de 2024. Sin embargo, eso no alcanzó. Los manifestantes siguieron reclamando la libertad de Castillo y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. Entonces Boluarte planteó otra fecha de elecciones para diciembre de 2023, pero esta fecha no fue aprobada por el Congreso, argumentando cuestiones constitucionales.
“Fui elegido por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo, por los desposeídos postergados por más de 200 años. Desde que asumí mi mandato, no dejaron ni un minuto en rechazar tal decisión del pueblo”, se lamenta Castillo desde la cárcel, tras acusar a un sector “golpista, explotador y hambreador” de querer acallar el descontento popular, con la anuencia de los medios de comunicación.
Bueno, sí, fue elegido por los desposeídos, pero ¿ha gobernado para ellos? De ninguna manera, cada vez se fue adaptando más a la derecha. No adoptó ninguna resolución a favor de los trabajadores y el pueblo.
Es por eso que Castillo es tan desaprobado como el Congreso. Aparentemente, al igual que ocurrió en Bolivia, un sector de las masas sobre todo campesinas reclama la libertad y la restitución de Castillo como presidente, mientras que otro sector más amplio repudia las maniobras del Congreso y reclama nuevas elecciones lo antes posible, aunque no apoyan a Castillo.
Los presidentes del Grupo Puebla, de México, Colombia, Bolivia y Argentina, se han solidarizado con Castillo y califican su destitución como un “golpe de estado blando”. Mientras que Lula, adelantando se rol presidencial de moderador de tensiones regionales, declaró que la destitución de Castillo se apega a los parámetros constitucionales. También Boric reconoció al gobierno de Boluarte, lo mismo que Ecuador y Uruguay.
Nosotros no conocemos en profundidad la estructura de la clase obrera, del campesinado y los demás sectores del pueblo pobre, y son pocas los informes que describen con minuciosidad los hechos. Pero de lo que estamos seguros es que nuevas elecciones generales no resolverán absolutamente ninguno de los padecimientos de las masas obreras, campesinas y populares. Para que la lucha no caiga en un nuevo callejón sin salida, las organizaciones que impulsan la lucha contra el gobierno antipopular de Boulart y el Congreso, deberían establecer sus propias organizaciones de autodefensa para derrotar la represión de la policía y el ejército, y conquistar el poder estableciendo un gobierno obrero y campesino-popular, que basado en sus organizaciones de lucha expropie a la gran burguesía y el capitalismo, y planifique la economía al servicio de los trabajadores de la ciudad y el campo.
Antonio Bórmida 20/12/22