En tiempos donde toda la atención se dirige hacia Oriente con el paro cívico y hacia la lucha interna del MAS, es necesario un artículo que haga volver la vista hacia una de las principales políticas (sino la principal) del gobierno para los próximos años: la gestora pública de pensiones.
La gestora pública de pensiones es una política anti obrera de primer orden. El gobierno, con una pretendida jerga anti imperialista, pregunta: ¿Cómo pueden los obreros estar en contra de una nacionalización y prefieran que los fondos sigan administrados por empresas transnacionales? A pesar de lo cual, con un instinto de clase infalible, los obreros han manifestado su desconfianza. Pensionados, Magisterio rural y urbano, mineros de Colquiri y Huanuni, todos se han movilizado incluyendo el rechazo a la gestora entre los principales puntos.
No es que los obreros prefieran las AFPs. La COB super burocratizada y servil al MAS desde el 2006, se ha visto obligada a denunciar varias veces que la capitalización individual es un sistema que condena a pensiones de miseria. Hizo falta el Congreso trucho de 2018 que colocó a Huarachi a la cabeza para que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB se pudiera desprender de la mochila que significa la presión de las bases. Es por ello que en octubre los mineros de Huanuni complementaron su movilización en rechazo a la gestora con la toma momentánea de la COB.
La gestora cambia de administrador sin cambiar el sistema de capitalización individual, por lo tanto, mejora en las pensiones no va a haber.
El análisis macroeconómico arroja algo de luz
Es necesario enmarcar el tema en el análisis macroeconómico. La deuda pública de Bolivia es de 26mil mdd, ha aumentado en 5,7 veces desde 2006, y es la más grande de su historia. Comparada a la de otros países es pequeña, pero debe considerarse en relación a su economía, el hecho de que supere el 60% del PIB hace del país un deudor riesgoso[1]. El BM y el FMI no dejan de prestar, dado que así clavan sus colmillos con mayor tenacidad, pero aprovechan para aumentar la tasa de interés (alrededor del 7%). La deuda se compone de 12,5mil mdd de deuda externa y 13,5mil mdd de deuda interna. De ésta última 6 mil mdd es con nuestro fondo de pensiones, 80% más que hace apenas un año y medio atrás.[2]
El asunto se oscurece todavía más si consideramos la caída abrupta del precio de los hidrocarburos, principal generador de divisas para el Estado. Para contrarrestar ese hecho se optó por aumentar el extractivismo. Ahora con la guerra en Ucrania el precio ha vuelto a subir, sin embargo, ya prácticamente no quedan reservas. A partir de 2014 hay una tendencia decreciente del superávit energético y según la consultora Gas Energy Latin America (GELA) de seguir el curso actual habrá déficit energético a partir de 2025, es decir, que las importaciones serán mayores que las exportaciones.[3]
Entonces para paliar el déficit fiscal (el Estado gasta más de lo que entra), que rondó el 8% promedio anual desde 2015 a 2020[4], se recurrió a la deuda y al consumo de los ahorros, es decir de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que han caído a un tercio en apenas 8 años, al punto que ya son menores a lo que nos debe el Estado.[5]
Si se presta atención se verá una interrelación total entre estos datos macroeconómicos. En el mismo lapso que han caído los ingresos por exportación de hidrocarburos ha aumentado el déficit y la deuda y se han reducido las RIN.
Los agentes internacionales de crédito (BM, FMI, DIB, CAF), que disponen de los mecanismos imperialistas para cobrar lo adeudado, aplican su fórmula clásica: “el gasto público es excesivo”, recomiendan ajustes a los trabajadores, entre ellos el no pago de aguinaldo. Pero el denominado gasto público en Bolivia es liliputiense, basta observar el sistema público de salud, prácticamente inexistente, para convencerse de que un ajuste mayor significa la mayor de las miserias.
El “salvavidas” la Gestora Pública de pensiones
Y aquí es donde entra en función la gestora pública. Con el fondo de pensiones el gobierno pretende financiar al Estado, incluso pagar deuda externa. Cumple la función de un salvavidas en una tempestad. Si ya le debe al fondo el 30% (6mil millones de un total de 23mil[6]) a pesar de que: “En ningún momento la Ley dice que las AFP deben comprar los bonos del tesoro. Ellas vienen de forma voluntaria” (Sergio Cusicanqui, viceministro del Tesoro y Crédito Público). Ahora que será juez y parte, acaparará un porcentaje mucho mayor, y, a diferencia de los créditos internacionales, podrá establecer intereses bajos, dado que será su decisión unilateral. Ese bajo interés significa una menor rentabilidad de las cuentas individuales de pensiones, por lo que los trabajadores deberán abonar más años para llegar al 70% del salario.
Tan premeditado está financiar al Estado con la gestora que el art 142 de la ley 065 dice “Los Valores emitidos por el Tesoro General de la Nación o el Banco Central de Bolivia no estarán(!!) sujetos a los límites establecidos en la presente Ley y sus reglamentos.”
Uno de esos límites se refiere al análisis de riesgo. Un banco para prestarnos dinero nos pide un salario estable y propiedades como garantía, es “su análisis de riesgo” ¿Qué garantía nos da el Estado para prestarse nuestro dinero? Ninguna. Y estamos hablando de un Estado endeudado hasta el cuello. Por eso no es cierto cuando el gobierno afirma que nuestros ahorros están seguros.
Hay mecanismos clásicos para que el Estado nos devuelva solo una parte. Uno de ellos es la inflación y que nuestra pensión no suba a la par. Otro es que el Estado se declare en quiebra y entre en default.
Según la ley 065 los trabajadores no participan ni en la administración ni en la fiscalización de la gestora (arts: 147, 154, 161, 167, 169). Por eso decimos que el Estado será juez y parte. Si mañana el ministro de economía le dice al gerente de la gestora: “necesitamos venderle a la gestora bonos del TGN por 10mil mdd al 4%” ¿Qué cree usted que responderá este último si es un funcionario del mismo gobierno?
No es el único “salvavidas”
El mismo propósito persigue el DS 4783 que permite al TGN transferir parte de las ganancias de las empresas públicas, amenazando la reinversión de utilidades necesaria para garantizar el funcionamiento de las mismas. No estaban equivocados los mineros de Colquiri y Huanuni cuando llegaron a La Paz en septiembre y octubre respectivamente, vinculando en su protesta ese decreto con la gestora de pensiones. Por el momento, fueron tranquilizados con la modificación del decreto y con promesas sobre el funcionamiento de la gestora.
En definitiva, sea mediante ajustes directos, inflación, o devaluación, el resultado será el de siempre, la deuda la pagaremos los trabajadores.
¿Qué nacionalizaciones defendemos?
Estamos en contra tanto del administrador privado (AFP) como estatal burgués (Gestora) desde que perpetúan el sistema de capitalización individual que es netamente capitalista independientemente de quien lo administre.
Defendemos las nacionalizaciones cuando es de medios de producción. No es el caso. El fondo de pensiones es dinero de los trabajadores, y su estatización expresa exactamente lo contrario a lo que insinúa el gobierno; es debido al dominio transnacional de la economía que la riqueza emigra del país, entonces el Estado para financiarse recurre a los fondos de pensiones. En otras palabras, el Estado boliviano para asegurar las ganancias de las transnacionales afecta a los trabajadores, es la definición más directa de su esencia: es un Estado burgués semi colonial.
Organizarnos para luchar por una pensión y vida dignas
Los trabajadores debemos organizarnos para luchar por un cambio radical en el sistema de pensiones, con aporte patronal y estatal. Pero también para que el Estado no se financie a costa nuestra. Luchar para obligar al Estado a aplicar impuestos a las grandes empresas. En lo inmediato participación obrera en la administración y fiscalización de la gestora, con delegados de cada sector obrero elegidos por las bases y revocables en todo momento. Modificar el art 142 en sentido de que se apliquen limites a los valores emitidos por el TGN.
Y para lograr una pensión digna para todos los trabajadores, formales e informales, y una vida digna con salarios que cubran la canasta alimentaria, debemos luchar por instaurar un gobierno obrero y campesino que expropie sin indemnización a todas las empresas estratégicas, transnacionales de hidrocarburos y minería y las cooperativas auríferas, que hoy dejan migajas al Estado. Y avanzar hacia su industrialización, así como del litio. Y expropiar todos los latifundios que hoy solo engordan los bolsillos de los agroindustriales.
Joaco /FSR-BOP Jaime Zavaleta, 31/10/22
[1] https://jubileobolivia.org.bo/Noticias/iEs-sostenible-la-deuda-publica-pese-a-haber-superado-el-58-del-PIB
[2] Reporte de la Fundación Jubileo en una publicación de análisis del Presupuesto General del Estado 2022
[3] Los Tiempos. Proyección: ingresos de gas boliviano caerán en 36% en 2020 y 82% en 2025
[4] Ministerio de economía y finanzas públicas.
[5] reporte de la Fundación Jubileo en una publicación de análisis del Presupuesto General del Estado 2022
[6] Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS)