El escenario político en Bolivia
En Bolivia no hay alternativas políticas para los trabajadores. Todos los partidos responden a diferentes sectores empresariales.
Es en este sentido que se deben analizar los conflictos internos del partido de gobierno. El MAS sufre una fractura interna que se hizo pública el 3 de septiembre de 2022, cuando Morales denunció que era víctima de “un plan negro” de parte del Gobierno. Desde esa vez, denunció a Arce y algunos ministros de “derechizar” el gobierno. El domingo 2 de abril, Morales advirtió en un tuit que “el MAS no está en el Gobierno”. Desde el festejo del aniversario del partido, el 27 de marzo, ocasión en la que él y el presidente, Luis Arce, libraron una dura batalla retórica, la distancia entre los dos líderes se ha profundizado hasta un punto que la mayoría de los analistas considera “sin retorno”.
El análisis más ingenuo afirmaba que el intento de perpetuarse de Evo se debía a su soberbia. La realidad es más compleja, estos caudillos representan a todo un conglomerado de empresarios que no quieren soltar la mamadera del Estado. El hecho de que Arce haya desplazado al entorno evista demuestra que no le faltaba razón a Morales sobre los riesgos de dejar de ser Presidente. Su gente de confianza ha sido apartada de los espacios de poder. Tampoco es casual que los dardos se disparen mutuamente en torno a la Administración Boliviana de Carreteras (ABC). En todo país capitalista, la forma más clásica de desviar fondos del Estado a privados es mediante la obra pública, dado que se trata de cifras millonarias a las que no es difícil darle un barniz de legalidad.
Dentro del MAS se distinguen claramente tres facciones, la de Evo Morales (presidente del partido) anclada en las federaciones cocaleras del Chapare, la del actual vicepresidente Choquehuanca con mayor incidencia en el altiplano aymara, y la del presidente Arce, que, si bien carece de la base social de los otros dos, dispone, sin embargo, de toda la fuerza prebendal que implica la maquinaria estatal. Actualmente Presidente y vice están aliados para hacer contrapeso a Morales e impulsan la corriente “renovadora”.
Por ahora, la debilidad de la oposición —política y regional— hace que la disputa se desarrolle en el interior del oficialismo. La derecha tradicional no pudo reaccionar contra la detención de Camacho, y golpeada por la experiencia de Jeanine Áñez en el poder, no encuentra figuras de relevo.
Se supone que si Arce decidió actuar ahora fue para ganar posiciones en la “guerra fría” que se desarrolla entre él y el líder de su partido, el ex-presidente Evo Morales. Este lo había criticado por no ser lo suficientemente duro con “la derecha golpista” dirigida por Camacho.
Camacho realizó hace poco, en octubre-noviembre, un paro de 36 días para tratar de adelantar la fecha del censo de población, convocado para marzo de 2024. Ese paro fracasó parcialmente y agotó las reservas materiales y anímicas de sus adeptos, demostrando su incapacidad de movilizar a las masas y una fuerte oposición de las clases explotadas cruceñas. Este fue el síntoma que leyó Arce para animarse a apresarlo.
Pero estas maniobras no arrojan un resultado automático. El devenir de la economía boliviana va a ser crucial para la imagen de Arce y Choquehuanca particularmente y de todo el MAS en general, aunque Morales se esfuerce por distanciarse del gobierno.
La crisis en índices macroeconómicos:
Relacionaremos los principales índices macroeconómicos a fin de hacer lo más comprensible posible la gravedad de la situación a la que nos dirigimos.
Bolivia ha tenido déficit fiscal (8% anual en promedio) desde 2014, año en que se empezó a sentir la crisis internacional del 2008, expresándose fundamentalmente en la caída de los precios de los minerales e hidrocarburos que constituyen el 80% de las exportaciones.
Contrario al discurso de Evo Morales, de que la crisis mundial no repercutía en el país porque gozaba de una economía “blindada” por su modelo económico, la razón por la que demoró 6 años en hacerse sentir fue su rol primario exportador; primero se fue paralizando la industria mundial y recién entonces bajo su demanda de materia prima. Esto ratificó, una vez más, no solo que Bolivia es parte del sistema capitalista mundial, sino que lo integra como un país subordinado al imperialismo y abastecedor de materia prima.
Los índices macroeconómicos se relacionan con elocuencia. Al déficit fiscal le corresponde un pico de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en 2014 (13.227 millones de dólares) y a partir de entonces una caída abrupta (del 95%, 709 millones para fines de 2022). Y un incremento al mayor nivel histórico de la deuda pública: la deuda interna alcanzó $us 15.155 millones a noviembre de 2022 (se triplicó desde 2014); la deuda externa $us 12.697,6 millones a diciembre de 2021 (se duplicó desde 2014); y la de las empresas públicas $us 6.148 millones a junio de 2022; lo que hace un total de $us 34.000 millones, el 79% del PIB calculado para 2022. Esto significa simplemente, que el Estado ha paliado el déficit con deuda. La pandemia no ha hecho más que agravar esta tendencia. La razón por la que la situación no se revierte es internacional: la economía capitalista mundial no logra recuperarse, al punto que nos dirige en corto plazo a una guerra mundial.
El caso de los hidrocarburos es especial, porque a la caída de los precios se ha sumado el agotamiento de las reservas. La renegociación de contratos con las transnacionales (mal llamada nacionalización) les ha permitido seguir saqueando sin otra actividad más que llenar barriles y exportarlos. No han hecho exploración ni aun con jugosos incentivos. El resultado es el déficit energético. Bolivia importó en total el año pasado un valor de $us 4.365,6 millones en combustibles y lubricantes, y exportó $us 2.972 millones en gas natural. Déficit de $us 1400 millones que contribuye fuertemente al fiscal, porque el gas era el principal aportador de divisas.
La minería (53% de las exportaciones en valor en 2022) durante todo el gobierno del MAS ha dejado en promedio menos del 10%. Peor es el caso del oro, explotado en un 90% por cooperativas mineras, que gozan de muchas ventajas dentro del Estado. Solo el 14 %, de las aproximadamente 1500 cooperativas que existen en el país cuenta con licencia ambiental para realizar sus operaciones. Actualmente se exportan alrededor de 64 toneladas, cinco veces más de lo que se producía en 2013. Se trata de más de 2,5mil millones $us por año (40% del total de la producción minera en valor), dejando al país solo 2,5% (mínimo de regalías y nada de impuestos porque niegan tener utilidades).
Fondo de pensiones para financiar al Estado:
Venimos alertando hace años que la razón de ser de la gestora pública de pensiones es que el fondo sea una caja de financiamiento para el Estado. Volvemos a explicarlo:
Como vimos el nivel de deuda pública ya es del 79% del PIB. Superado el 60% del PIB se considera un deudor riesgoso, los organismos de créditos internacionales aumentan entonces las tasas de interés, bajo la lógica de que si se presta dinero con mayor riesgo se debe obtener una ganancia mayor, como sucedió en febrero de 2022, cuando los bonos soberanos se emitieron con un aumento de la tasa del 4,9% al 7,5%.
Para eludir esas tasas altas se recurre a la deuda interna. Pero se ha abusado de los bonos del BCB (Banco Central de Bolivia) al punto que la disminución de las divisas ha desestabilizado el tipo cambiario (el oficial se mantiene fijo en 6,91 pero en la calle los especuladores ya lo venden a 7,70), generando otros inconvenientes como faltante para: importaciones, créditos productivos, inversiones públicas, subvenciones, etc.
Previendo estos problemas el gobierno de Arce ha acelerado la puesta en funciones de la gestora. El fondo de pensiones le permite aumentar la deuda interna sin ocasionar los desajustes monetarios y financieros mencionados. Cabe mencionar que no hizo falta la gestora para que el TGN ya fuera su mayor deudor: bajo la administración de las AFPs la deuda del Estado con el fondo ya era superior a los 7mil millones $us, la mitad del total de la deuda interna.
Ahora que es administrador, y por tanto juez y parte, no tendrá obstáculos para acceder al botín de 24mil millones de $us del fondo. Recordemos que la ley de pensiones no pone límites de ningún tipo al Estado para asumir deuda con el fondo (art. 142).
Por supuesto que el Estado contrae obligación con los trabajadores, pero no es como deberle al FMI, que tiene todas las herramientas para cobrarse de un deudor al que domina, sino todo lo contrario. A los trabajadores nos puede estafar, sea mediante inflación o devaluación de la moneda, (dos mecanismos que ya están en curso y que se intensificarán en los próximos años) nos devolverá sólo una parte de nuestros aportes, nuestras pensiones caerán a niveles aún más miserables.
Para ganar aceptación de los trabajadores a la gestora el gobierno dice que esos fondos han sido nacionalizados acabando con el negocio de las AFPs. Sin mencionar la multimillonaria indemnización a las AFPs (fallo del CIADI a favor de BBVA), lo cierto es que lo que el gobierno sociabiliza es nuestro dinero, mientras que las riquezas del país las entrega a empresas privadas. En todo caso deberíamos ser los mismos trabajadores los administradores de la gestora. El otro problema de fondo es que sea con AFPs o con la gestora el sistema sigue siendo de capitalización individual, sin aporte estatal, y que condena a pensiones de miseria.
Las soluciones capitalistas:
Ante esta situación la gran mayoría de economistas proponen: 1) diversificar la producción, industrializar el país, atrayendo inversiones, para lograr una balanza comercial más favorable. 2) reducir el gasto público.
La primera propuesta es una falacia, la inversión extranjera viene a saquear, los sucesivos gobiernos no han hecho otra cosa que darles facilidades de inversión y nunca nos industrializamos. La razón es que nuestros recursos naturales los destinan a sus industrias. Además, atraer las inversiones siempre ha significado flexibilización laboral, impositiva, y ambiental. El gobierno del MAS ha sido campeón en ello y no ha evitado la situación actual.
Entonces el antídoto de todos esos economistas se limita a reducir el gasto público. O sea, atacar a los pobres. Reducción del presupuesto en salud, educación, infraestructura. También reducir el subsidio al combustible, es decir, el famoso gasolinazo. Es la misma receta que recomiendan los organismos de crédito.
Es el camino que va a transitar el gobierno, solo que de forma velada y paulatina porque sabe muy bien el conflicto social que implica. En definitiva, la reducción de las pensiones, el gasolinazo, y la inflación se aplicarán. Solo falta saber cuándo, en qué medida y con qué graduación relativa. Tal como lo demuestra su actuar en el parlamento, toda la política del gobierno se reduce a sostener la economía mediante nueva deuda. Mantendrá todavía el subsidio al combustible, mientras que la caída de las pensiones no se notará tanto por el momento. Con ello es factible que se llegue al 2025 con una situación económica peor pero relativamente estable. Y que estalle con el próximo gobierno.
La solución para los trabajadores es el socialismo:
El capitalismo no ofrece salida para los pobres, para los trabajadores. Cualquier partido que salga vencedor en los comicios de 2025 aplicará el programa de ajustes mencionado a fin de que la enorme deuda contraída sea descargada sobre nuestros hombros. Cualquiera sea la facción del MAS que se imponga u otro partido, digan ser de izquierda o incluso socialistas, son variantes burguesas, representan a sectores empresariales, y son, por tanto, defensores acérrimos del capitalismo.
Para medir la diferencia con el socialismo compare toda la gestión del MAS desde 2006 con el programa que proponemos a continuación:
El gobierno ha impulsado la ley del oro a fin de aumentar las RIN. La ley no obliga a vender el oro al BCB, sin embargo, en su artículo 8 explica que los vendedores estarán exentos de impuestos a las transacciones para que la compra sea más atractiva dentro del país. Es decir, a los actores que actualmente dejan menos del 2,5% se les propone dejar aún menos. Se produce suficiente oro como para no tener problema de liquidez. La solución es obvia, expropiación de todas las empresas auríferas que empleen trabajo asalariado (entre las que se incluyen la gran mayoría de cooperativas).
Consecuente con el saqueo minero que permitió desde el 2006, el MAS ya ha renunciado a su promesa de industrializar el litio firmando convenios con una empresa china y otra rusa para exportar carbonato de litio. Las promesas de baterías y autos no pasaron de ser una fantasía. A su vez, una política de aumento de regalías chocará siempre con el discurso de que entorpece la inversión extranjera, por eso durante el gobierno del MAS la minería ha dejado menos del 10%. La única soberanía minera posible es mediante la expropiación de toda la minería transnacional y las cooperativas grandes.
En hidrocarburos, los economistas liberales dicen que las reservas se han acabado por la nacionalización. Es todo lo contrario, porque no hubo tal nacionalización, las transnacionales agotaron el recurso. Ahora YPFB asume todos los gastos realizando la exploración, una vez más lo único que se nacionaliza son las perdidas. Necesitamos echar de una vez a todas las transnacionales y recuperar íntegramente la producción y comercialización de los hidrocarburos.
La agroindustria deja en impuestos menos que la minería, de hecho, ni siquiera se encuentran datos al respecto. Su producción no abastece el mercado interno, es subvencionada con diésel, le son legalizados los desmontes, obtiene créditos del fondo de pensiones a bajo interés, y un largo etc. Aquí también la solución es clara, expropiación y nacionalización de todos los latifundios bajo administración de los obreros agrícolas.
Con la recuperación de los recursos naturales se podrá avanzar en su industrialización. El monopolio del mercado exterior permitirá que el Estado gobernado por los trabajadores decida con cuánto valor agregado sean exportados los recursos.
En el capitalismo, para un país dominado como Bolivia, toda deuda a la que se lo somete es usuraria. Uno pudiera suponer que la deuda se ha disparado porque no se ha ido pagando, nada más falso. Ha emigrado una enorme cantidad de recursos por concepto de desembolsos: $us 15.347 millones, aunque cerca de la mitad de este monto (48%) ha sido devuelto a los acreedores de deuda, $us 7.361 millones, de los cuales $us 4.674 millones corresponden al pago de amortizaciones y $us 2.687 millones a la cancelación de intereses. Es una estafa. Por eso el ¡No al pago de la deuda externa! Es una consigna de justicia, pero además permitirá que todos esos recursos que desangran al país sean invertidos productivamente. Esta consigna es demagógica y utópica dentro del capitalismo, pero totalmente factible en un Estado obrero, bajo el monopolio del mercado exterior.
Todas estas nacionalizaciones se convierten en socializaciones de los medios de producción cuando son administradas por los propios trabajadores bajo su gobierno y su Estado, de otra forma son fuentes de capital para burguesías emergentes, como ha sido el MAS.
Esta es la enorme distancia de las medidas de transición al socialismo con la política del MAS que ha sido enemigo declarado de tomar cualquiera de ellas, como cuando protegió el latifundio haciendo retroceder a los campesinos en 2006-2008 y luego con la Nueva Constitución Política del Estado en 2009.
Joaco Cuevas (FSR), 21/7/23